Aprehenden en Mérida, Yucatán a presunto líder de Hezbolá

Mérida – Un aviso de la CIA y el FBI al Instituto Nacional de Migración permitió la captura en Mérida, Yucatán, de Rafic Mohammed Labboun, extremista que ocupó el más alto rango del Hezbolá en el área de la bahía de San Francisco, California, hasta abandonar Estados Unidos en 2002 rumbo a Líbano.

El sujeto llegó procedente de Londres e ingresó a México por el aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, y se trasladó luego a Mérida, donde fue capturado bajo el nombre falso de Wilhelm Dick.

Conocido también como Rafic Al-Labboun , Rafic Hajj, Hajj Rafik o Hajj Rafiq, este libanés naturalizado estadunidense (nacido en 1968), encabezó una célula extremista islámica en la costa Oeste de Estados Unidos durante años, luego de egresar como matemático de la Universidad de California en Berkeley.

Según la ficha realizada por la CIA, Labboun era orador frecuente de temas religiosos en la Iraquí Community Association (ICA) del centro de San Francisco y predicó en el Centro Islámico Fatimiyya de Hayward, en California.

Según la agencia estadunidense, salió “de repente” de Estados Unidos junto con su esposa Tracy Marie Becker (estadunidense), quien se encontraba embarazada, así como sus dos hijas, en 2002.

Desde entonces se le ubicaba en Líbano, donde vivía con su madre en su casa de la infancia, en Haret Hreik, y luego en la vecina Bir Hassan, en el sur de Beirut, donde se volvió comerciante y abrió un minisúper de tres pisos.

En 2006 volvió a California por motivos religiosos y negociar exportaciones e importaciones con la firma Costco. El 30 de diciembre de 2008 regresó nuevamente a Estados Unidos, donde fue acusado de ejecutar planes para defraudar a varias instituciones financieras de América con tarjetas de crédito y cheques sin fondos.

En 2010 el juez Ronald M. Whyte condenó a Rafic M. Labboun a 27 meses de prisión, contados desde su detención en una cárcel federal, seguido por tres años de libertad condicional. También le ordenó pagar 102 mil dólares en restitución a las instituciones financieras que había defraudado. Volvió a salir del continente americano hasta ahora, cuando activó las alertas internacionales en Europa y en México.

El extranjero fue detenido en el fraccionamiento Francisco de Montejo, en el noreste de Mérida, y deportado por el Instituto Nacional de Migración, a solicitud del consulado de Estados Unidos en esa ciudad.

En Mérida permanecen bajo custodia George Abdalah Elders y Justin Yasser Safa, ciudadanos de origen árabe, pero con residencia legal en Belice. El segundo de ellos, conocido también como Sammir, es medio hermano de un empresario restaurantero establecido en Mérida desde hace algunos años.

La captura se realizó en la calle 41-B, fraccionamiento Francisco de Montejo, al poniente de la ciudad, donde se encontraba acompañado de cinco personas.

En el operativo, en el que participó la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, un medio hermano de Justin Yasser Safa, de nombre Tayser Saad, propietario del restaurante Habibis, recientemente traspasado, denunció que su familia, esposa e hijos fueron víctimas de abuso de autoridad, al grado de recibir gases lacrimógenos en su predio del fraccionamiento San Nicolás.

De igual manera, responsabilizó al delegado de Migración, el ex dirigente panista Benito Rosel Isaac, de la desaparición de 45 mil dólares de su domicilio, además de promover agresiones en su contra.

SSP rechaza observaciones de la CNDH

La Secretaría de Seguridad Pública federal rechazó las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre supuestas conductas ilegales atribuibles a elementos de la Policía Federal. De acuerdo con dos recomendaciones, los elementos despojan de sus pertenencias a pasajeros y los someten a interrogatorios en los aeropuertos. Advirtió que con esa actitud la SSP abona al clima de impunidad.

Esa negativa, consideró la CNDH, pone de manifiesto “una reiterada falta de compromiso de la Secretaría de Seguridad Pública con los derechos humanos y un incumplimiento al artículo 1, párrafo tercero, constitucional que establece la obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”.

Demuestra también, añadió, una falta de cooperación de los servidores públicos de esa dependencia durante la integración de la investigación de la presente queja y “una muestra de desinterés en la tarea de colaborar con la prevención de las violaciones a derechos humanos, situación que no puede ser tolerada en el marco de un estado de derecho como el que rige en nuestro país”.

(Eugenia Jiménez/México)

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Noticias de Mexico publicadas por el 10 de Sep, 2012 a las 2:45 am •
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