Cadáveres en busca de identidad

Los anfiteatros del país se están llenando hasta el tope de desconocidos. Víctimas de la guerra contra el narcotráfico, levantados, exhumados de las narcofosas… es mínimo el número de los que han sido identificados y entregados a sus familias. Su destino es la fosa común y el olvido… Expertos de la ONU visitaron México en marzo y en su informe evidenciaron las fallas institucionales en el tema de la identificación de desaparecidos: no hay políticas ni planes para buscar personas ni coordinación entre procuradurías ni legislación para atender el problema ni protocolos para la exhumación ni cifras reales.

La segunda cámara de refrigeración del Servicio Médico Forense del Distrito Federal está cerrada con candado. De día sólo accede a ella personal de la Procuraduría General de la República (PGR). En los seis pisos de literas de acero yacen, metidos en bolsas blancas, 116 cuerpos hallados en las fosas de San Fernando, Tamaulipas, y que no han sido identificados.

La bóveda vecina lleva un ritmo normal: recibe un promedio de 14 cadáveres diarios (la mayoría de capitalinos muertos en accidentes) que el mismo día son reclamados por sus familiares. Cada quincena los no reclamados son condenados a la fosa común o donados a escuelas de medicina. Sólo el año pasado 450 cuerpos corrieron esa suerte.

La tercera cámara del edificio está vacía: sus anchas charolas podrían recibir los 201 cuerpos extraídos recientemente de Durango.

Aunque la morgue del Distrito Federal fue diseñada para albergar hasta 400 cuerpos (“para casos de desastres naturales o accidentes masivos, un metrazo, un avionazo”, explica el funcionario que guía el recorrido), ahora se usa para responder al desastre humanitario originado por la violencia extrema que ha condenado al entierro a cientos o miles de personas en las llamadas narcofosas, como las de Durango y Tamaulipas.

Desde Semana Santa la ocupación de esta morgue no recae en los muertos tradicionales sino en las víctimas de la narcoviolencia. Y no están todas. Sólo 120 ejecutados de los 179 desenterrados en Tamaulipas fueron traídos a este anfiteatro porque ningún otro tenía capacidad de albergar a tantos.

Ahí siguen esos cuerpos en espera de que una prueba de genética les devuelva su identidad. También están pendientes de los resultados cientos de familias que desde que comenzó la violencia han acudido a diferentes procuradurías estatales y a la federal a dejar sus muestras de ADN para recuperar al familiar levantado.

El hallazgo de las fosas de San Fernando fue hace cinco semanas y sólo cuatro de los cadáveres (tres guanajuatenses y un tlaxcalteca) han sido reconocidos y entregados a sus familiares.

El año pasado recorrieron la misma ruta de San Fernando al DF los restos de los 72 migrantes asesinados por Los Zetas. De ellos, 14 siguen sin identificar y están en una cámara refrigerante en Toluca.

La fosa común podría ser el destino de muchas personas buscadas por sus familiares si el Estado mexicano no atiende los señalamientos de expertos internacionales y nacionales que urgen a crear un programa nacional de búsqueda de personas desaparecidas, que uniforme protocolos de procedimientos, investigaciones y bases de datos.

El desorden reinante en este tema fue evidenciado por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI), tras su misión de marzo aquí, cuando señaló que hay un “patrón crónico de impunidad”, que unas 3 mil personas habrían desaparecido este sexenio y el Ejército es una de las instituciones señaladas por este delito.

En respuesta, la Secretaría de Gobernación y la cancillería, en conferencia de prensa conjunta, rechazaron el informe de la ONU y culparon a los expertos de desconocimiento.

Sin embargo, anteriormente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al enjuiciar al Estado mexicano por la desaparición de mujeres, ya había exigido cambiar los procedimientos de búsqueda de personas desaparecidas.

“Lo primero es que México reconozca la dimensión del problema de desapariciones. De hecho, el número de fosas que se están encontrando y el número de cuerpos demuestran que el problema de desapariciones tiene una dimensión muy grande”, dice a Proceso el argentino Ariel Dulitzky, miembro del grupo de trabajo de la ONU.

El documento surgido de la visita de los expertos internacionales puso al descubierto las fallas institucionales en el tema: falta de políticas y planes para buscar personas, nula coordinación entre procuradurías, ninguna legislación para atender el problema, carencia de protocolos claros y homogéneos para la exhumación e identificación de cadáveres, ausencia de cifras reales sobre el número de desaparecidos, poca capacidad de servicios técnicos forenses y escaso presupuesto.

“Creemos que este es un problema que en muchos casos se atribuye al crimen organizado sin haber hecho una investigación seria, completa e imparcial”, dice a este semanario.

Según se desprende del informe de la ONU y de entrevistas con expertos, la cadena de impunidad comienza cuando las familias llegan al Ministerio Público a denunciar una desaparición y les piden que esperen 72 horas para ver si el delito se concreta. Pasado ese lapso los funcionarios abren un acta circunstanciada y piden datos sobre el ausente (los formularios son distintos en cada estado) pero el caso pasa a un limbo jurídico en el que el peso de las investigaciones recae sobre los denunciantes.

“Es una monserga: cada estado dispone de los restos como quiere, hace los estudios que quiere, no hay una política nacional definida. Si a los estados les da la gana le pasa a la federación las muestras del ADN que tienen o le dan datos sobre los cuerpos, y la SSP, la CNDH y la PGR tienen sus propios bancos de datos con denuncias de personas desaparecidas.

“Cada autoridad hace lo que le da la gana y eso no da resultado, sólo prolonga la angustia de la gente”, señala Alma Gómez, designada por la organización Justicia para Nuestras Hijas para acompañar y asesorar al Equipo Argentino de Antropología Forense que de 2005 a 2010 trabajó para el gobierno de Chihuahua por presión de las familias de las víctimas de feminicidio.

En la entrevista con Proceso, recordó la falta de coordinación de las autoridades responsables de investigar los feminicidios que -por diferencias partidistas- condenaron a algunas familias a no encontrar a sus hijas porque el gobierno estatal no quería prestarle al federal los cuerpos para contrastarlos con las pruebas genéticas.

Agregó que con el equipo argentino se estableció un software que concentró las muestras genéticas de los familiares, las características de los buscados y los resultados de los laboratorios donde el ADN era procesado, que permitía establecer qué víctimas tenían perfiles similares a los restos hallados.

Este sexenio, según la CNDH, han sido denunciados 5 mil 397 casos de personas extraviadas o desaparecidas. En ese lapso los servicios médicos forenses han enviado a las fosas comunes a 8 mil 898 personas no identificadas.

“En este tema hay cifras negras, sobre todo porque la ciudadanía no siempre denuncia pues ha perdido credibilidad en las instituciones o por miedo”, reconoce el director general del Programa Especial de Presuntos Desaparecidos, Tomás Serrano, al establecer que quizá los datos que tiene son menores a los reales.

Con base en reportes periodísticos, el organismo nacional establece que de 2004 a 2011 han sido halladas 63 fosas clandestinas en el país, de las que han sido extraídos mil 2 cadáveres (un seguimiento periodístico del diario Reforma registró 156 fosas en 22 estados y el Distrito Federal durante la administración calderonista). Los restos han sido hallados en cenotes, lagunas, presas, tiros de minas, tambos con ácido o entierros masivos.

Apenas la semana pasada, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos firmó un convenio con los estados para que sus procuradurías compartan las denuncias que reciben sobre desapariciones y los expedientes de las exhumaciones y los asesinatos.

Como no hay una única instancia que compile los casos de desapariciones o proporcione información a los familiares de las víctimas, éstas emprenden un eterno peregrinaje por todo el país para preguntar en distintas instituciones. El hallazgo de cada fosa clandestina y la posibilidad de que la persona extraviada esté ahí sólo prolonga su angustia. El traslado de cadáveres a otros estados, como en el caso de Tamaulipas al DF, aumenta la incertidumbre.

La Red de Familiares de Desaparecidos del Norte ha recibido información de que en algunos estados los funcionarios cobran hasta 30 mil pesos a la gente que solicita pruebas de ADN cuando no comparten información genética.

“Es preocupante que los cuerpos que vienen de un mismo lugar sean separados en distintas morgues, porque esa dispersión crea un caos al darle seguimiento a los cuerpos: ¿a dónde van, quién los maneja, cómo se guardaron las evidencias encontradas a su lado al momento de la exhumación, dónde quedan las ropas y los expedientes que los acompañaban?

“Cada Semefo cambia de código a cada cuerpo según su propio registro, y se pierde”, advierte en entrevista con Proceso un perito forense que pidió el anonimato.

“La estrategia (de exhumaciones) se basa en el conocimiento del problema. Si no sabes a quiénes y a cuántos estás buscando mejor déjalos donde están, sería absurdo exhumar de esas fosas comunes porque corro el riesgo de volver a desaparecer a alguien a quien saqué, porque no sé quién es ni tengo los medios de saber quién es (…) Exhumar es fácil, identificar es lo difícil”, advierte Pablo Baraybar, director del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF).

Puso a la antigua Yugoslavia como ejemplo: aunque fueron rescatados miles de cadáveres de fosas comunes, se mantuvieron anónimos, sus familias siguen buscándolos porque no se hizo el trabajo previo de recabar datos de los capturados.

El experto forense que testificó en los tribunales penales internacionales para Ruanda y Yugoslavia señaló que antes de excavar debe hacerse un trabajo previo: la recopilación de los llamados datos ante mortem; es decir, las fichas con los datos de cada persona a buscar, donde se consignan datos personales -cómo era, cómo vestía, a dónde se dirigía, qué enfermedades tuvo, si tenía un diente roto o se rompió un hueso, si tiene un familiar contra quien podamos compararlo genéticamente- y en paralelo, los resultados de las muestras de ADN de los familiares que pudieran servir para identificar un cuerpo.

El antropólogo forense se sorprendió de que en México no se tengan establecidos los patrones de dónde desaparece la gente ni se atiendan las denuncias de extravíos en tiempo real.

“La gente no desaparece ni se desvanece en el aire; la secuestran o la llevan a un lugar. Si las procuradurías se mantienen desvinculadas entre sí y nadie monitorea si ocurrió en tal comunidad y si fue producto de narcotráfico y si no hay una respuesta rápida, los perpetradores lo seguirán haciendo. Por eso hay que establecer su modus operandi, quiénes son los que lo hacen, qué hacen con las víctimas que te permita intervenir cuando se llevan a alguien y obligarlos a cambiar de táctica”, dice.

Puso como ejemplo el caso de Filipinas, donde los ciudadanos que atestiguan un levantón envían un mensaje de texto a una computadora que cataloga la información y obliga a las autoridades a responder inmediatamente.

El EPAF es un equipo independiente de profesionistas peruanos similar a los creados en Guatemala y Argentina para investigar violaciones a los derechos humanos y desapariciones masivas. En Colombia los identificadores de cadáveres son funcionarios de instituciones en las que confía la ciudadanía.

Claudia Rivera, directora de operaciones de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala señala que el gobierno mexicano debería empezar a mapear las “zonas rojas” donde pudiera haber fosas e ir armando una base de datos nacional de personas desaparecidas.

“No puedes buscar cuerpos a lo loco sin tener una idea de a quiénes estás buscando (…) Es importante ubicar las narcofosas antes a través de testigos y de sobrevivientes o por fotografías aéreas, como las que se tomaron en Bosnia, donde puedes comparar cómo era la orografía del terreno y si hubo movimiento de tierra o huellas de tractores”, dice la antropóloga de la reconocida organización.

En teoría, en México ya existe un sistema que permitiría detectar esos entierros clandestinos. Lo opera la Secretaría de Seguridad Pública, se llama Plataforma México y es un sistema que permite, en tiempo real, observar lo que ocurre en cualquier punto del país a través de imágenes satelitales y de las cámaras instaladas en carreteras y ciudades. Pero un funcionario de la SSP -quien pidió el anonimato- afirma a Proceso que se usan sólo para ubicar cargamentos de droga, no para localizar personas.

Una, la firma de un convenio internacional del gobierno mexicano y la ONU o la Cruz Roja Internacional para que un equipo de forenses internacionales trabaje como observador de sus pares mexicanos, como ocurrió en Colombia y Jamaica, y negocie métodos de trabajo y protocolos para evitar errores en las exhumaciones e identificaciones de los cuerpos.

Otra: crear un instituto para la búsqueda de personas desaparecidas, con presupuesto propio, como el que existe en la antigua Yugoslavia. Otra más: la creación de un equipo mexicano de antropólogos forenses, independiente, con expertos destacados, o invitar a México a las organizaciones internacionales que ya existen para garantizar que más personas desaparecidas sean encontradas.

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Noticias de Mexico publicadas por el 20 de May, 2011 a las 1:31 pm •
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