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Corte analiza facultades que permiten a Ejército obligar a civiles a comparecer

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que interpuso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra 44 artículos del Código de Justicia Militar y del Código Militar de Procedimientos Penales, entre ellos, los que permiten requerir y obligar a comparecer a civiles para que entreguen informes, documentación y datos para la investigación de hechos delictivos de la competencia castrense.

Entre los artículos impugnados por la CNDH destaca el 267 del Código Militar de Procedimientos Penales, que faculta a la jurisdicción militar a practicar diligencias en cuanto al levantamiento de cadáveres sin delimitar el alcance de dichas diligencias tratándose de la jurisdicción civil.

Asimismo, el artículo 262 del citado código, establece un registro forzoso a elementos militares y vehículos en los casos donde no esté dispuesto a cooperar o muestre resistencia, sin que medie una autorización judicial para dicha diligencia.

Además, los artículos 278, 282, 283 y 286 del Código Militar de Procedimientos Penales, permiten diligencias como cateo o ingreso a domicilios particulares de civiles, buques, embarcaciones, aeronaves, medios de transporte extranjeros en territorio mexicano, residencias públicas, así como el ingreso de una autoridad sin autorización judicial de autoridad competente.

La CNDH que preside Luis Raúl González Pérez, destaca que “el mandato constitucional establece dos restricciones que no permiten una libre configuración legislativa: a) Está prohibida la jurisdicción militar sobre personas que no pertenezcan al Ejército; y b) Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un civil (paisano), conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”.

El ombudsman nacional estima que los artículos de los códigos castrenses violan la prohibición de la extensión de la jurisdicción militar sobre personas civiles, al igual que los derechos a la libertad personal, de acceso a la información y a la libertad de tránsito, al debido proceso, a la seguridad jurídica, garantías constitucionales de los actos de molestia, a la privacidad o vida privada, a la protección de datos personales, a la presunción de inocencia, a no injerencias arbitrarias, así como los principios generales del proceso penal, pro persona, y de legalidad.

La acción de inconstitucionalidad fue turnada al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien la admitió a trámite.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos indicó que los artículos de los códigos militar, transgreden los artículos primero, sexto, 11, 13,14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, y 102, apartado B, de la Constitución; 2, 5, 7, 8, 11 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 9, 10, 14 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La demanda, que combate cuatro artículos del Código de Justicia Militar y 40 del Código Militar de Procedimientos Penales­, fue presentada el pasado 15 de junio.

 
 

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