La Policiaca – La Nota Roja De Mexico

Corte anula pena por ataques a la paz pública en CdMx

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el artículo 362 del Código Penal de la Ciudad de México que castigaba el delito de ataques a la paz pública con una pena de cinco a 30 años de prisión.

Con tres votos a favor y uno en contra, la Primera Sala de la Corte otorgó un amparo al activista Bryan Reyes, quien permaneció encarcelado tras los desmanes del 1 de diciembre de 2012, durante la toma de posesión del presidente Enrique peña Nieto.

En noviembre de 2014, Bryan Reyes volvió a ser capturado y acusado junto con su novia, la universitaria de excelencia Jacqueline Selene Santana López, por supuestamente haber amagado con un cuchillo a una agente del Área de Inteligencia de la Policía Federal para robarle 500 pesos, en las inmediaciones del Mercado de Sonora, en la Ciudad de México.

La pareja abandonó la prisión en julio de 2015, porque no se comprobó su responsabilidad en el delito de robo; la denunciante y otros agentes federales cayeron en contradicciones, además de que fueron desmentidos por su propio jefe, Marcos Vicente González Monjaraz, director general de Operación e Infiltración del Área de Inteligencia de la Policía Federal.

El mando federal negó haberles entregado un “kit” a sus subordinados para resguardar los objetos punzo-cortantes y el papel moneda, que supuestamente eran prueba del delito y que se le recogieron a los jóvenes.

La ministra Norma Lucía Piña Hernández presentó el proyecto de sentencia oficializando la derogación de la pena que establecía el artículo 362 del Código Penal de la Ciudad de México.

El fallo permitirá echar abajo los procesos penales o sentencias dictadas que estén todavía vigentes por ese delito y que fueron emitidas contra jóvenes que participaron en los disturbios del 1 de diciembre de 2012.

Tras los hechos de violencia del 1 de diciembre, la Asamblea Legislativa tuvo que reformar el citado precepto, el 27 de diciembre de 2012, debido a la presión ejercida por organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, que cuestionaron la legalidad de la pena; actualmente, se castiga con dos a siete años de cárcel a quienes incurran en el mencionado ilícito

 
 

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