La Policiaca – La Nota Roja De Mexico

Corte discute validez del aborto por riesgos a la salud

El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea presentará hoy un proyecto de sentencia en el que propone declarar que el Estado no puede exigir a la mujer que lleve a término su embarazo, cuando su salud puede resultar afectada sin que exista riesgo inminente de muerte.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza el proyecto del ministro donde se puntualiza que en este difícil tema, que es el aborto, “existe un falso debate entre quién está a favor de la vida y quienes están en contra de ella”, porque todos están a favor de la vida, “pero a favor de la vida con dignidad, de la vida en libertad”.

Organizaciones a favor y en contra del aborto protestan afuera de las instalaciones de la Suprema Corte, donde se discute el proyecto presentado por el ministro.

Zaldívar propone a sus homólogos otorgar un amparo a Margarita “N”, quien tuvo que practicarse un aborto con sus propios recursos en un nosocomio privado, porque los galenos del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE de la Ciudad de México, se negaron a interrumpir su embarazo, pese a que su salud podría verse afectada.

Dentro de nuestro sistema jurídico, tanto la Ciudad de México, como el estado de Guerrero, prevén la posibilidad del aborto por inviabilidad del producto de la concepción, pero en el sistema federal se sanciona esa práctica.

El 24 de septiembre de 2013, Margarita fue informada que estaba embarazada; los doctores que la atendieron le hicieron saber que su embarazo era considerado de alto riesgo pues, meses antes, se había sometido a una cirugía de bypass gástrico, contaba con una edad avanzada, y presentaba un problema de sobrepeso.

Debido a lo anterior, permaneció internada por una amenaza de aborto del 25 al 28 de septiembre del mismo año.

Posteriormente, contando con 15.5 semanas de gestación, Margarita se sometió a una prueba de amniocentesis genética con el objetivo de saber si el producto presentaba algún síndrome o mal hereditario; el 14 de octubre de 2013, presentó molestias, sangrado y contracciones, razón por la cual fue internada nuevamente en el Hospital 20 de Noviembre al presentar otra amenaza de aborto.

El 30 de octubre de ese año, la quejosa recibió los resultados de la amniocentesis genética, los cuales advertían que el producto masculino presentaba síndrome de Klinefelter. Éste causaría que el producto no pudiera desarrollar sus genitales en la pubertad, pero no impediría que fuera una persona autosuficiente.

Tomando en cuenta el riesgo a su salud, la quejosa solicitó personalmente a los médicos del hospital que interrumpieran su embarazo en dos ocasiones; ante las reiteradas negativas, el 6 de noviembre de 2013, la quejosa solicitó por escrito nuevamente la interrupción de su embarazo; ante la falta de respuesta de las autoridades del hospital, acudió a una institución privada para interrumpir su embarazo, tras solicitar un préstamo bancario para poder solventar dichos gastos.

Después, Margarita promovió un amparo donde impugnó los artículos 333 y 334 del Código Penal Federal, y el incumplimiento del artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por la falta de armonización del derecho interno con el fin de adecuar el Código Penal Federal a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

El ministro detalló en su proyecto que a la quejosa nunca se le proporcionó la información necesaria para que pudiera evaluar su decisión. Además, tuvo que esperar casi un mes hasta que la respuesta le fue notificada formalmente. Dicha dilación impidió que pudiera controvertir la decisión de la institución, por lo que se vio orillada a realizarse un aborto con sus propios recursos.

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