La Policiaca – La Nota Roja De Mexico

Diputados ignoran a los empresarios; aprueban la ley 3de3

CIUDAD DE MÉXICO.

La Cámara de Diputados aprobó anoche las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas, pese al enojo de los empresarios, quienes por la tarde salieron a la calle para protestar por su inclusión en disposiciones de rendición de cuentas a las que también estarán sujetos legisladores y candidatos.

Ayer, en un hecho inusual, más de 200 miembros de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se apostaron en las escalinatas del Ángel de la Independencia para exigir un Sistema Nacional Anticorrupción con “suficientes” dientes, capaz de castigar y erradicar esas prácticas.

“”No más corruptos impunes. No queremos cacería de brujas ni persecuciones paralizantes. Los empresarios tampoco pretendemos regímenes de excepción, ni ignoramos que la corrupción es un mal que afecta a todos”, expuso el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther.

Desde Washington, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, criticó la redacción del Senado en la Ley 3de3 por convertirla en inoperante al obligar a las personas físicas y morales que tengan contratos con entidades públicas a presentar las declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses.

Sin embargo, los diputados federales ignoraron la protesta empresarial y sus cabildeos y aprobaron los artículos 29 y 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3de3, tal y como se las envió el Senado. El dictamen fue turnado al Ejecutivo para su promulgación.

Avalan diputados 3de3

Pese a presiones de la IP y oposición, los legisladores pasan sin cambios las reservas.

La presión y el cabildeo de los empresarios fracasó en la Cámara de Diputados para eliminar la disposición de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que se aplicará a los proveedores del gobierno.

Tampoco prosperó la propuesta de la oposición para establecer la publicidad de las declaraciones patrimoniales, fiscal y de conflicto de interés.

De manera que el pleno de la Cámara no respaldó las reservas para modificar los artículos 29 y 32 de esa ley, también denominada como 3de3.

Consecuentemente, después de una sesión de diez horas, la mayoría parlamentaria del PRI, PVEM y Nueva Alianza consiguió sacar adelante sin ningún cambio el paquete de las leyes secundarias anticorrupción enviado por el Senado.

El decreto enviado al Ejecutivo para su promulgación contiene las leyes Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; General del Sistema Nacional Anticorrupción, y General de Responsabilidades Administrativas.

En ese orden, las leyes fueron votadas por separado en lo general; la primera por unanimidad de 456 votos; la segunda con 449 votos a favor y uno en contra, y la última con 338 votos a favor y 110 en contra.

El dictamen, turnado al Ejecutivo, señala que los objetivos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción son establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en la Federación, las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México.

Dicho bloque de bancadas también desechó darle pasó a la discusión de las reservas que diputados del PAN, PRD y PES presentaron al artículo 29 de la norma 3de3.

Ese artículo señala que la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya difusión pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.

Pese a que durante la sesión hubo un grupo de diputados que buscaron un acuerdo para cambiar el artículo 32 que incluye a los proveedores como sujetos de la plataforma 3de3, al final quedó con la misma redacción enviada por el Senado.

Ángel Alanis Pedraza, en representación del PRD, subió a tribuna para argumentar sobre la necesidad del ajuste a dicho artículo.

“”Debe modificarse, debe adecuarse a la realidad social lo dispuesto en particular por su trascendencia y por su importancia lo que establece el artículo 32, incisos b) y c) de la Ley General de Responsabilidades Administrativas por lo siguiente”, expuso.

La oposición alegaba que el gobierno ya cuenta con sistemas de información suficiente sobre los ciudadanos que le prestan servicios.

“”Estas disposiciones carecen de viabilidad técnica, obstaculizan el buen funcionamiento del sistema nacional anticorrupción y banaliza la utilidad de estas herramientas orientadas a la prevención y detección de actos de corrupción”, enfatizó el perredista.

Xavier Nava, también del PRD, sostuvo que “lo que desfiguró la iniciativa 3de3 es el temor de que el pueblo sepa lo mucho que tienen unos pocos y que lo han hecho desde el poder, y eso los atemoriza”.

El diputado potosino señaló que el PRI y el PVEM impulsaron “versiones censuradas y limitadas” sobre la información patrimonial, fiscal y de intereses de los servidores públicos.

Empresarios y ONG truenan contra el aval

ONG, universidades y empresarios condenaron lo aprobado por el Senado de la República en materia anticorrupción.

Durante una manifestación inédita en el Ángel de la Independencia, unos 200 empresarios de todo el país dijeron que es posible un México sin corrupción.

Exigieron un Sistema Nacional Anticorrupción con “suficientes” dientes para que sea capaz de castigar la corrupción a fin de erradicarla.

“No queremos cacería de brujas ni persecuciones paralizantes. Los empresarios tampoco pretendemos regímenes de excepción”, indicó Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien fungió como líder de esta protesta pacífica.

Por otra parte, en entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Excélsior TV, De Hoyos lamentó que el Congreso apruebe leyes a la carrera, con ocurrencias.

Afirmó que lo que se aprobó es un despropósito tratando de endosar a las empresas algo que los servidores públicos no hacen.

Por su parte, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), consideró “excesivo” que las personas físicas y morales que tengan contrataciones de cualquier tipo con las entidades públicas deban presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses, como se aprobó en la legislación.

Por su parte, ONG como México Evalúa, Transparencia Mexicana, Fundar, Mexicanos Contra la Corrupción, Imco y los centros educativos CIDE, Centro de Estudios Espinosa Yglesias y Barra Mexicana de Colegio de Abogados enviaron una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, donde le pidieron que eliminen el artículo 32 de la minuta de la Ley General de Responsabilidades, donde se obliga a las empresas que tengan negocios con el gobierno a presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses.

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