La Policiaca – La Nota Roja De Mexico

Habrá prisión preventiva, sólo dos años; aprueban Miscelánea Penal

CIUDAD DE MÉXICO.

Con el respaldo de 109 legisladores de todas las fuerzas políticas, el pleno del Senado aprobó la Miscelánea Penal, que lleva a diez instrumentos legales los principios de protección del debido proceso y da forma a la nueva figura del Juez de Control, que será el garante de que los cuerpos policiacos no alteren los procedimientos judiciales en el nuevo sistema acusatorio.

Además, deja en claro que la prisión preventiva no puede durar más de dos años; si trascurrido ese tiempo, no se ha dictado sentencia, el inculpado deberá quedar en libertad y en esa calidad seguir el proceso, “sin que ello obste para obtener otras medidas cautelares”.

De igual forma, ofrece a los inculpados el derecho de presentar pruebas en su descargo de manera directa al juez de su causa, por lo que ya no será necesario que el Ministerio Público sea el intermediario de la relación del acusado con el juez y el encargado de valorar si una prueba procede o no.

Con un retraso de ocho años y a sólo tres días de que venza el plazo para la plena entrada en vigor del Nuevo Sistema Penal, el Senado formalizó los cambios que hizo a la minuta enviada de la Cámara de Diputados, que tardó siete años en revisar esta miscelánea penal que nació en el Senado.

Esta miscelánea aterriza las disposiciones constitucionales sobre el nuevo sistema de justicia adversarial; de ahí la importancia de que a más tardar, la Cámara de Diputados avale el trabajo de los senadores y el Ejecutivo federal la promulgue el viernes.

Graciela Ortiz, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, explicó que esta miscelánea penal dispone que únicamente las partes podrán tener acceso a los registros de la investigación, atendiendo a las limitaciones establecidas en este mismo ordenamiento y en las demás disposiciones aplicables.

Que el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer la acción penal, con base en la aplicación de criterios de oportunidad, siempre y cuando se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido; regula el tema de la medida excepcional de localización geográfica, donde se prevé la ratificación inmediata por parte del juez de control en tiempo real, previo informe del Ministerio Público.

Se establece también el alcance de las intervenciones de comunicaciones privadas y se precisa que esta clase de intervención abarca todo sistema de comunicación o programa, producto de la evolución tecnológica, así como por regla general para esta clase de intervención deberá tenerse autorización judicial.

Y no van a proceder los acuerdos reparatorios en los casos en los que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos, por los mismos hechos que correspondan a los mismos delitos; tampoco procederán cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas, detalló la legisladora federal.

Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, resaltó que los cambios hechos por el Senado a la minuta de los Diputados tienen como objetivo proteger los derechos humanos, en concordancia con las disposiciones constitucionales que se aprobaron años después de la reforma que dio origen al sistema acusatorio.

Sin el PAN, legalizan en el país el Mando Único

El Senado aprobó anoche por mayoría, con un solo voto en contra y con la ausencia del PAN, la reforma constitucional en materia de Mando Único policial, con el voto unánime de los senadores del PRI, PRD, Verde y la única de Movimiento Ciudadano, quienes formaron un bloque para avanzar en este tema incluido en el periodo extraordinario, pero que Acción Nacional se negó a respaldar.

El Senado dio así el primer paso para que opere un sistema policial que busca evitar la repetición del caso Iguala, en que el crimen organizado penetró a un cuerpo policial y generó la desaparición de 43 estudiantes, sin que se contaran con los elementos constitucionales para que otro nivel de gobierno interviniera el municipio en apoyo y protección de los ciudadanos.

Por primera vez desde la integración del actual Senado, la mayoría decidió aplicar su peso en votos en comisiones para sacar una reforma constitucional, ante la negativa panista que, incluso se retiró de las instalaciones del Senado para forzar así que no hubiera quórum.

“Los derechos no se negocian”

Para evitar linchamientos públicos así como malas prácticas judiciales, es imperativo el respeto pleno de los derechos humanos y el debido proceso, así lo aseguró el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar a cuatro días de que venza el plazo para la total implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que nadie puede ser discriminado ante la ley. Foto: Eduardo Jiménez

En su mensaje ante representantes del Congreso de la Unión, del gobierno federal y la sociedad civil, puntualizó que los derechos no se negocian, por lo que nadie puede ser discriminado ni considerado distinto ante la ley por su nacionalidad, religión o preferencia sexual.

“Claro que ello lleva riesgos, claro que exige a la autoridad cumplir irrestrictamente con la ley y respetar los derechos desde el momento mismo de la detención, sin tortura, sin presión, sin simulaciones y engaños, pero eso es precisamente lo que queremos todos, lo que queremos los mexicanos, evitar la arbitrariedad”, sostuvo.

Afirmó que sin distinción alguna, nadie es culpable hasta que existe una sentencia firme, siempre y cuando se haya seguido puntalmente el debido proceso legal, sin el cual las personas, corren el riesgo de ser declarados culpables sin haber sido realmente juzgados por sus actos, sino por apariencias.

“Recordemos, los únicos que pueden y deben determinar si una persona es responsable de un acto delictivo son los jueces, e incluso dentro de un sistema que permita la defensa adecuada y los recursos accesibles.

“Esto no es asunto menor, es una obligación del Estado mexicano. Los derechos de la persona no se negocian, no se someten al criterio publicitario, tampoco pueden considerarse como requisitos u obstáculos para la justicia”, expuso.

Aguilar Morales de nueva cuenta defendió, ante dirigentes de agrupaciones de la sociedad civil que defiende a víctimas del delito, las sentencias de los juzgadores y reiteró que las descalificaciones infundadas o fuera de contexto a jueces y magistrados, no contribuyen al mejoramiento del sistema de justicia mexicano.

“O los derechos y el debido proceso son absolutamente para todos, o simularemos ello siempre que no nos convenga. No toleramos ni protegemos a los malos jueces, no hay cabida alguna para la corrupción o la ineptitud, aseveró el presidente de la Corte.

Destacó qu el Consejo de la Judicatura Federal ha sancionado a 78 funcionarios públicos, ha determinado la destitución de cinco jueces de distrito, se inhabilitó por 10 años a un magistrado federal.

Expertos prevén menos ingresos a las cárceles

A partir del primer minuto del 18 de junio de este año decimos adiós a la rejilla de prácticas, a expedientes cocidos con hilo, a litigios interminables y a jueces que brillaban por su ausencia en las audiencias.

Los expertos aseguran que con base en la experiencia internacional la puesta en marcha del Nuevo Sistema Penal en todo el país traerá ventajas a la forma de perseguir y sancionar los delitos en México, pues dentro de sus principales objetivos se destacan menos ingresos a prisión, audiencias públicas, juicios abreviados, conciliaciones entre las partes, abogado para la víctima y no sólo para el acusado.

Además de que, en todo momento rige el principio de presunción de inocencia y, la figura de un juez de control supervisa, que el Ministerio Público no se exceda en sus atribuciones.

Sin embargo, luego de los ocho años que se dieron de plazo para implementar el nuevo modelo de justicia a nivel local y federal, las dudas y preocupaciones de los expertos en seguridad desde la sociedad civil surgen respecto a qué tan preparadas están las instituciones para hacer funcionar eficientemente el nuevo procedimiento de investigación criminal.

De hecho, en opinión del Observatorio Nacional Ciudadano la puesta en marcha del modelo de justicia acusatorio es algo así como un estudiante que no acudió a clases todo el semestre, al final quiere presentar examen y “sacar diez, pero ni al seis llega”.

“Es como cuando los estudiantes no hacen nada durante todo el semestre y de repente, se dan cuenta que en dos días va a terminar el semestre y se ponen a estudiar y quieren, aparte, sacar diez; nosotros vamos a llegar a la fecha de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, sin embargo, puede que no saquemos diez, puede que no saquemos ocho, puede que no saquemos ni siquiera seis” estimó Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.

La apreciación es compartida por el investigador y catedrático del Centro de Estudios y Docencia Económicas (CIDE) Juan Salgado, quien destacó que de los ocho años de plazo constitucional que se dieron para materializar la reforma, en la mitad de ellos no se hizo lo que se tenía que hacer.

“Estamos a días y lamentablemente hemos perdido unos cuatro años en los que hemos tenido la posibilidad de formar a los elementos de toda la cadena de justicia penal que son sustantivos para que funcione el nuevo sistema procesal penal”.

–¿Qué lleva a los expertos a hacer tales afirmaciones?

Un punto clave es la capacitación de los policías en el nuevo sistema, pues de ellos y del Ministerio Público depende, si se castiga como se debe un delito, a partir de la evidencia que se recolecte en la escena y se haga llegar intacta hasta un juez.

Frente a esta responsabilidad, la realidad de la estadística oficial señala que sólo una policía se encuentra en niveles óptimos de capacitación y operación, por lo que la puesta en marcha del sistema acusatorio será “una simulación” al no lograrse el objetivo de capacitar y profesionalizar mejor a policías y ministerio públicos, sentenció Rivas

Con todo y que reconoció que hubo “un esfuerzo sobrehumano e importante” desplegado por parte de la actual administración federal para que los gobiernos de los estados no incumplan el mandato constitucional.

“Hay pocas policías que cumplen, de hecho sólo una que cumple cabalmente que es Querétaro; luego Guanajuato, Nuevo León y Baja California en altos niveles y algunas pasan de panzazo y las demás reprueban y otras como Campeche que reprueba abundantemente”.

“Necesitamos también desarrollar necesidades investigativas en la policía” destacó por su parte Juan Salgado.

Las preocupaciones de los estudiosos se fundamentan en las nuevas atribuciones que con el nuevo modelo de justicia tienen los policías.

Entre ellas, recibir denuncias, identificar testigos, informar de sus derechos a la víctima y detenido y recolectar los objetos relacionados con la investigación.

 
 

Deja tu Comentario

 

La selección y la colocación de noticias en esta página se ha determinado automáticamente mediante un programa informático.

La información que se muestra refleja el contenido disponible públicamente en la red.

Copyright © 2015 La Policiaca

Ir Arriba