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Indemnizan a familiares de seis víctimas de Tlatlaya

A dos años de los hechos que se registraron en Tlatlaya, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) indemnizó a los familiares de seis de las 22 víctimas que fallecieron el 30 de junio de 2014 en una bodega de este municipio mexiquense, y a dos sobrevivientes.

Las compensaciones entregadas suman casi 30 millones de pesos, lo que representa 24.4 por ciento de los recursos destinados a 162 víctimas de diferentes hechos, a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral durante 2015 y lo que va de 2016.

La indemnización procedió luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) identificó y determinó que 13 personas eran sujetos de reparación, a pesar de que no ha concluido el proceso legal sobre el tema.

Este es uno de los pocos casos que han podido acceder a la reparación integral sin tener que esperar a que exista una sentencia definitoria de las averiguaciones previas que se han iniciado junto con cuatro más.

El asunto comenzó a ser investigado y resuelto por la CEAV prácticamente a la par de casos que permanecen pendientes de resolución desde 2009 y recomendaciones rezagadas desde 2011.

En entrevista el presidente de la CEAV, Jaime Rochin, rechazó que el organismo se adelantara a proceder con una reparación que no era conveniente, por continuar las investigaciones o la falta de sentencia de un juez.

“No es así, porque el proceso de reparación se hizo en virtud de una recomendación por violación a derechos humanos, que por cierto fue aceptada por todas las autoridades, y por eso la comisión comenzó un proceso de atención y reparación”.

Aclaró que existen dos caminos para que las víctimas de alguna violación por parte de funcionarios puedan acceder al dinero que integra el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, ya sea la judicial o vía recomendación.

Agregó que aun cuando pueda existir alguna sentencia posterior a la reparación no habría cambios, ya que hay una determinación formal de la CNDH “que ha sido aceptada por la autoridad y que por tanto es un punto cerrado”.

Rochin destacó que independientemente del organismo de derechos humanos el tema penal sobre Tlatlaya sigue abierto, y aseguró que la decisión de la llamada absolución de algunos militares que participaron en los hechos es una determinación que demuestra la necesidad de que las autoridades aporten mayores elementos.

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