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Javier Duarte celebra que la PGR lo investigue; hace públicos sus ingresos: 2.2 mdp al año

XALAPA.

El gobernador Javier Duarte de Ochoa salió a encarar ante los medios de comunicación el anuncio sobre las investigaciones iniciadas por la Procuraduría General de la República (PGR) en su contra y de su familia por presuntos desvíos de recursos por medio de prestanombres.

Duarte sostuvo que se trata de difamaciones, en el contexto de un juego electoral que ya culminó.

Al darse a conocer las pesquisas de la PGR contra el mandatario y 69 personas de su círculo cercano, incluidos familiares en línea directa, Javier Duarte comenzó por publicar mensajes en su cuenta de Twitter defendiéndose de los señalamientos.

Por la tarde convocó a una conferencia de prensa en la que aseveró que no tiene nada qué ocultar, pues cuenta con bienes producto de su trabajo y no tiene prestanombres ni ha adquirido propiedades o bienes muebles e inmuebles de manera ilegal.

Sin darle oportunidad de preguntar a los reporteros, el gobernador dio un mensaje en el que señaló que celebra que la PGR investigue las acusaciones del “supuesto gobernador electo”, como se refirió al panista Miguel Ángel Yunes Linares.

Exigió que el fiscal general del estado desahogue las investigaciones de las denuncias en su contra, presentadas por el panista, “pero también que desahogue las que se presentaron en contra de Miguel Ángel Yunes Linares y de Miguel Ángel Yunes Márquez por enriquecimiento ilícito”.

Dijo que la convocatoria era para dar a conocer su declaración patrimonial en aras de la transparencia que merece la sociedad veracruzana y las cuentas claras que, como gobernador, debe rendir a los veracruzanos.

“”Reitero y subrayo: no tengo propiedades en el extranjero ni prestanombres; tampoco bienes inmuebles fuera de la ley. Toda mi vida me he conducido por el lado de la legalidad y la transparencia. Mi familia es ampliamente conocida en la tierra donde me crié, donde nació mi esposa; no ocultan nada ante la sociedad”.

Duarte dejó correr las imágenes con documentos que, en menos de cinco minutos, detallan sus ingresos y bienes. Sólo aparecen dos casas, en Córdoba y Veracruz, adquiridas en 1996, así como el detalle de sus ingresos como gobernador, que ascienden a dos millones 272 mil 54 pesos al año y la donación de joyas y monedas por parte de Jazmín Tubilla Leytaf, su suegra, con valor de dos millones 50 mil pesos.

También detalla la compra de una obra de arte con valor de 240 mil pesos, así como sus pagos ante el Sistema de Administración Tributaria y sus declaraciones ante la dependencia; en total, la cuenta de todos los rubros de su declaración patrimonial, incluidos centenarios, suma seis millones 949 mil 697 pesos.

El gobernador acusó que los señalamientos vertidos por políticos han provocado daño a su familia y a las personas mencionadas, entre ellas algunos empresarios con quienes no tiene ninguna relación.

Al referirse a Yunes Linares, sin mencionarlo, Duarte dijo que una elección no purifica, que obliga a la transparencia y a la rendición de cuentas, por lo que al exigir que la Fiscalía actúe tanto en las acusaciones en su contra como en las denuncias presentadas en contra de la familia Yunes, pidió “que mida con la misma vara de la justicia a todos por igual”.

Estoy seguro, dijo, de que la intervención de la PGR dará certeza a este tema, y agregó que es un hombre formado en las instituciones y se ha dedicado a fortalecer el marco institucional.

“”Es por ello que confío plenamente en las instituciones y en el Estado de derecho. La verdad nos hará libres”.

Cuando culminó el discurso, dio la vuelta y salió apresuradamente, en medio de cuestionamientos de reporteros sobre la falta de recursos y pagos en la entidad.

Familiares y colaboradores investigados

La lista de personas ligadas al gobernador e investigadas por la PGR abarca a cercanos colaboradores señalados por el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes.

Uno es Vicente Benítez, exoficial mayor de la Secretaría de Educación, diputado electo por San Andrés Tuxtla, con bienes en Costa Rica.

También Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pública, vinculado a 15 empresas; y a los diputados federales Antonio Tarek Abdalá, Adolfo Mota Hernández y Édgar Spinoso Carrera; incluso, el padre de su esposa Karime Macías, el empresario Antonio Macías Yazergei, es acusado de duplicar su capital con contratos con el gobierno estatal.

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