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La Corte revisará caso de tortura en Sinaloa

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará este miércoles uno de los asuntos más trascendentes relacionados con el tema de tortura, en el que organismos internacionales han emitido dictámenes para apoyar y demandar la liberación de la víctima, que está presa en Sinaloa.

Se trata del caso de Yecenia Armenta Graciano, quien permanece detenida desde el 10 de julio de 2012, luego de que fue acusada por las autoridades estatales de ordenar el asesinato de su esposo, el ex director de deportes de la Universidad Autónoma del Estado de Sinaloa, Alfredo Cuén Ojeda.

El ministro José Ramón Cossío Díaz presentará un proyecto de sentencia a sus homólogos de la primera sala en que el propone ratificar el amparo que fue otorgado a Yecenia por una juez federal; la impartidora de justicia fue notificada por especialistas que la quejosa no solo fue torturada, sino también atacada sexualmente para que se declarara culpable del homicidio.

De prosperar la propuesta del ministro Cossío Díaz, el juez de lo penal que sujetó a proceso a penal a Yecenia Armenta, deberá hacer un lado las declaraciones que rindió la víctima cuando fue sometida a tortura, es decir, con las que se autoincriminó, situación que le permitirá recuperar su libertad.

La trascendencia del caso radica no solo en la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sino también por los dictámenes emitidos el año pasado por el Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT por sus siglas en inglés), con sede en Dinamarca, y la directora regional para México y Mesoamérica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura es el organismo que hace unos meses también emitió un informe referente a los detenidos por la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, estudio que fue practicado por petición del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Revisan proceso

En su proyecto, José Ramón Cossío consideró que la juez tercero de distrito en Sinaloa, Alba Lorenia Galaviz Ramírez, actuó conforme a los lineamientos de las normas internacionales y nacionales, así como de la doctrina jurisprudencial de esta sala; que sus actuaciones para efecto de acreditar el acto de tortura y para evitar que mismo se continuara realizando, así como las medidas adoptadas como efecto de la concesión del amparo, fueron correctas y adecuadas.

Por ello, Cossío Díaz exhortará a los juzgadores a actuar de esta manera para la protección de los derechos de integridad, libertad y dignidad de las personas, haciendo uso de todos los medios que la ley les proporciona dentro de su competencia constitucional y legal.

Cuatro años en prisión

Yecenia Armenta Graciano va a cumplir cuatro años en la cárcel el próximo 10 de julio; en 2012, cuando se dirigía al aeropuerto de Culiacán, Sinaloa, acompañada de sus familiares, un grupo de policías la obligó a bajar del coche en que viajaba, le vendaron los ojos y se la llevaron en otro vehículo.

Se ha documentado que a Yecenia la ataron, la colgaron cabeza abajo, la golpearon y la atacaron sexualmente, al tiempo que recibió amenazas de muerte contra sus dos hijos.

Después de casi 15 horas de tortura, sus agresores la amenazaron con ir a buscar a sus hijos para violarlos y matarlos; de esa manera, accedió a firmar una confesión que nunca hizo y dejarles tomar sus huellas dactilares, todo ello estando todavía con los ojos vendados.

Las autoridades de la Procuraduría de Justicia de Sinaloa no documentaron que existiera tortura, pero en el juicio de amparo que la víctima promovió se hicieron llegar dictámenes no solo de peritos del país, sino también internacionales.

Si el proyecto del ministro José Ramón Cossío es aprobado, el juzgado quinto de primera instancia del ramo penal, con sede en Culiacán, Sinaloa, deberá aplicar la regla de exclusión probatoria respecto de la declaración ministerial de la quejosa, efectuada el 10 de julio de 2012.

También deberá sujetarse a esa regla en cada acto procesal; de modo que excluirá totalmente de utilizar como parte del material probatorio, tal declaración, por ejemplo, no podrá basar su acusación en esa confesión, al haberse rendido mediando actos de tortura sobre la quejosa.

Asimismo, tendrá que dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que en el ámbito de sus facultades y congruente con la obligación que tiene el Estado de investigar y sancionar ese tipo de actos, proceda como corresponda a la investigación de ese delito, cometido respecto de la quejosa.

Llama la CNDH a no ignorar recomendaciones

El ombudsman Luis Raúl González Pérez afirmó que “la tortura existe en México y que hay que atajarla, prevenirla y, sobre todo, erradicarla”, por lo que lamentó las respuestas que las dependencias dan a las recomendaciones de la CNDH y llamó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a cerrar filas en bien de los derechos fundamentales.

Durante el taller Objetivos y aplicación del protocolo de Estambul y del protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, González Pérez destacó la importancia de la independencia de los servicios forenses –médicos y psiquiátricos– para atender casos de tortura, y anunció que la CNDH trabaja en un modelo, acerca del cual ha mantenido comunicación con la PGR.

Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, puntualizó que para combatir la tortura se debe garantizar la independencia de los servicios forenses.

Demandó al Estado facilitar la intervención de peritos independientes para documentar casos de tortura y que sus dictámenes sean efectivamente admitidos como pruebas en la investigación y en el proceso contra los probables responsables. (Eugenia Jiménez/México)

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