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La Suprema Corte desecha proyecto en favor del aborto

Los artículos del Código Penal Federal que castigan con seis meses y hasta cinco años de prisión a las mujeres que se practican un aborto injustificado prevalecerán, por el momento, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó un proyecto que pretendía invalidar los citados preceptos y permitir a las mujeres a decidir en libertad sobre la interrupción de su embarazo.

Luego de más de una hora de discusión, con tres votos a favor y uno en contra, la Primera Sala de la Corte se opuso al proyecto del ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea, que propuso otorgar un amparo a Margarita “N”, quien interrumpió su embarazo en una clínica privada, luego de que en un hospital del ISSSTE se negaron a realizárselo.

La mujer impugnó los artículos 333 y 334 del Código Penal Federal, al alegar que no existe una causal que permita a las mujeres abortar cuando su salud corre peligro.

En 2013, Margarita fue informada en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE de la Ciudad de México que su embarazo era de alto riesgo. Además, se le notificó que el producto masculino presentaba síndrome de Klinefelter; éste causaría que el producto no pudiera desarrollar sus genitales en la pubertad. Por ese motivo abortó cuando tenía 17 semanas de embarazo.

Aunque los ministros José Ramón Cossío Díaz, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se pronunciaron a favor de los derechos de las mujeres, le dejaron claro a Zaldívar que no se podía conceder el amparo a Margarita y mucho menos declarar inconstitucionales los artículos.

Ante la negativa de la mayoría, Zaldívar sostuvo su proyecto y dijo no compartir la visión de sus compañeros, la cual “trata de cerrar la puerta” a las mujeres en todos sus derechos.

Ahora, el proyecto será returnado para que un ministro elabore un nuevo proyecto con el criterio de la mayoría, en el que puede desecharse definitivamente el amparo o abordar el tema de diferente manera.

Mientras, la Segunda Sala de la emitió una sentencia que sentará precedente, porque declaró que el Instituto Mexicano del Seguro Social deberá dar a los hombres la misma preferencia que otorga a las mujeres, no imponiendo requisitos para que los varones puedan dejar a sus hijos en las guarderías de ese organismo.

Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Sala determinó que es inconstitucional la Ley de Seguridad Social porque discrimina a los hombres que necesitan dejar a sus hijos en estancias infantiles.

Para que los varones puedan acceder al mencionado servicio, el IMSS impone el requisito de ser divorciados o viudos, con plena patria potestad o guarda y custodia sobre los infantes.

El fallo de la Sala derivó de un amparo que promovió Antonio Baca Salazar, quien impugnó que el Departamento de Guarderías de la Jefatura de Prestaciones Económicas y Sociales, perteneciente a la Delegación del Estado de México Poniente del IMSS, le negó el servicio de estancia.

ACUERDO TECNOLÓGICO

Mientras, el presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, encabezó ayer la firma de un convenio de interconexión tecnológica con los poderes judiciales.

En el acto se informó que en los cinco meses recientes se han presentado más de 10 mil 700 juicios de amparo a través del sistema electrónico que el Poder Judicial Federal lanzó en enero pasado.

Aguilar enfatizó que con esta red podrán realizarse todas las fases de los juicios de manera electrónica y en consecuencia “impactará de una manera sin precedentes en el ahorro de costos para los justiciables, al reducir traslados a los tribunales, y agilizará la tramitación de las demandas”.

Otras bondades son que existirá una comunicación directa con las partes en los juicios, firma electrónica, lista de acuerdos digitales, audiencias y sesiones en vivo por órgano jurisdiccional, entre otras.

:CLAVES

REVÉS A CÓDIGO

La Suprema Corte declaró inconstitucional el artículo 362 del Código Penal de la Ciudad de México que castigaba el delito de ataques a la paz pública con cinco a 30 años de prisión.

Dicho artículo se aplicó a los jóvenes detenidos en los disturbios del 1 de diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión de la Presidencia de la República.

Con tres votos a favor y uno en contra, la Primera Sala de la Corte otorgó un amparo al activista Bryan Reyes, quien permaneció encarcelado tras los desmanes de ese día.

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