La Policiaca – La Nota Roja De Mexico

Los empresarios, fuera de la 3de3; Senadores corrigen legislación

CIUDAD DE MÉXICO.

El pleno del Senado eximió al sector empresarial de la obligación a presentar una versión pública de la declaración 3de3, pero mantuvo sin cambio las 33 disposiciones que castigan como delito grave los actos de corrupción de los particulares y ordenan el cierre de negocios con dinámicas de trabajo corruptas.

Ayer, en medio de una serie de críticas del PRD por la decisión del Presidente de la República de vetar la parte de las leyes anticorrupción que obligaba a todos los particulares, incluidos los grandes empresarios, a presentar la versión pública de sus declaraciones patrimoniales, de conflicto de intereses y de pagos fiscales, el pleno del Senado se allanó a los términos del veto presidencial.

Los perredistas votaron en contra, por lo que el veto presidencial fue aceptado por el Senado, en sus términos, con el voto priista, panista y del Verde, por 80 votos por el sí, 19 en contra y cuatro abstenciones en lo general.

Ayer el pleno del Senado se limitó a hacer referencia al proceso legislativo que dio origen al veto presidencial, y a pesar de que la gran mayoría respaldó la inclusión del sector empresarial en la 3de3, ayer nuevamente hubo deslindes.

Pero desde tribuna, los senadores del PRI, PAN y Partido Verde aclararon que si bien los empresarios no estarán obligados a presentar la 3de3, que consiste en hacer públicas sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, para consulta de todos los interesados, eso no implicará que los actos de corrupción que cometan los particulares quedarán impunes.

En efecto, en el paquete de siete leyes en materia anticorrupción, incluida la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el sector privado está incluido, con órdenes para que hagan públicas sus declaraciones de conflictos de intereses y sus vínculos y relaciones de negocios, personales o familiares.

Uno de los artículos, el 44, que quedó en firme, ordena que el sistema específico de la Plataforma Digital nacional “incluirá la relación de particulares, personas físicas y morales, que se encuentren inhabilitados para celebrar contratos con los entes públicos derivado de procedimientos administrativos”.

De igual forma, existe el capítulo De los Actos de Particulares Vinculados en Faltas Administrativas Graves, que tienen castigos de hasta 18 años de cárcel para conductas como soborno a servidores públicos, participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias, utilización de información falsa o alterada, uso indebido de recursos públicos, contratación indebida de exservidores, amén de que la prescripción de estos delitos es de siete años.

El líder de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, fue claro al explicar que la no inclusión del sector privado en la declaración 3de3 no significa que se le exima de obligaciones y castigos.

Los perredistas propusieron cambiar el texto del veto para aclara que las empresas que tengan contratos con los gobiernos sí deben presentar la 3de3; pero no fue aceptado por el pleno.

El Senado envió ayer mismo la minuta a la Cámara de Diputados para su ratificación.

Los argumentos

Los senadores consideraron que la obligación impuesta a los particulares para presentar su declaración patrimonial y de intereses resultaba innecesaria.

Ello, debido a “que permitir a las autoridades conocer la información de las declaraciones de los particulares no constituye el único mecanismo efectivo para combatir la corrupción”.

En el dictamen se precisa que de no modificar los artículos observados por la Presidencia se aplicaría dicha obligación de manera discriminada a personas que reciben beneficios de programas sociales, estudiantes que gozan de becas de entidades públicas, o bien personas físicas que dan servicios a empresas con cualquier tipo de contrato público.

Presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses podría afectar la vida privada de las personas, poniendo en riesgo otros derechos como la vida, la seguridad, la salud y la libertad personal, se advirtió.

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