La Policiaca – La Nota Roja De Mexico

Para Puente Grande y el Altiplano, 3 mil 600 mdp

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) pidió a la Secretaría de Hacienda más de 3 mil 600 millones de pesos para proyectos de inversión destinados a los penales del Altiplano, Estado de México, y de Puente Grande, Jalisco, (donde ocurrieron las dos fugas de Joaquín El Chapo Guzmán) con el propósito de “garantizar” que estas instalaciones no sean “vulneradas”, evitar otra fuga y “subsanar” deficiencias.

El monto supera el gasto neto contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 de organismos y dependencias como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (937.8 millones de pesos); de la Secretaría de la Función Pública (mil 296.9 millones); de la Oficina de la Presidencia de la República (mil 922.6 millones) y de la Secretaría de Energía (2 mil 807.9 millones de pesos).

Según los Programas de Proyectos de Inversión (PPI) 2016, a los que MILENIO tuvo acceso, se tiene contemplado instalar equipo de vigilancia de última generación en celdas y áreas de alta peligrosidad en ambos Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), “sin atentar contra los derechos humanos de los internos”.

El presupuesto que solicitó la CNS, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), incluye la ampliación y modernización de los penales federales de máxima seguridad del Altiplano y de Puente Grande.

COSTO-EFICIENCIA

De acuerdo con el análisis costo-eficiencia, en el caso del penal del Altiplano el objetivo es fortalecer las condiciones de gobernabilidad y “subsanar” deficiencias, con lo que “disminuirán el autogobierno, las actividades ilícitas, la extorsión y los sobornos que pudieran existir (sic) y se orientarán más esfuerzos a la desaparición de objetos y sustancias prohibidas”.

El Chapo Guzmán logró fugarse el 11 de julio de 2015 de este Cefereso al aprovechar deficiencias en seguridad y a servidores públicos corruptos.

Después de la recaptura del líder del cártel de Sinaloa (8 enero 2016), la Secretaría de Gobernación informó el 7 de mayo de este año que el narcotraficante fue trasladado al ala de máxima seguridad del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 9 norte, en Chihuahua, por obras en el penal del Altiplano.

Este año, la CNS pidió mil 688 millones 478 mil 884 pesos para el programa Equipamiento y Vigilancia de Celdas Penitencias y Areas de Alta Peligrosidad en el Altiplano y Puente Grande (Occidente).

“Es indispensable adquirir un equipamiento de seguridad de última generación que permitirá generar un entorno de estabilidad al interior, evitando que se vulnere la seguridad de las instalaciones.

“Se requiere adquirir (…) sistemas para tener la capacidad de vigilar y controlar a un promedio de mil 867 internos, inhibiendo posibles violaciones a la seguridad”.

Las autoridades señalan que con este programa de inversión se prevé lograr la actualización de los diversos sistemas y equipos de seguridad, así como “realizar la integración de los mismos en una solución de monitoreo y control, basados en un sistema de prevención, alerta, almacenamiento e inteligencia, con capacidad para realizar labores de reacción”.

“En razón de esto, el OADPRS requiere sustanciales inversiones en infraestructura de equipamiento de seguridad y vigilancia para garantizar que en estos centros no exista la posibilidad de violaciones a la seguridad, además de lograr que la operación se ubique en los estándares internacionales sobre el manejo de internos de alta peligrosidad”.

DE ÚLTIMA GENERACIÓN

La CNS precisó que actualmente se mantiene un estricto control de las actividades de los internos, sin embargo se requiere efectuar una vigilancia de las estancias y áreas de alta peligrosidad de manera permanente, a través de sistemas de última generación.

“La situación del equipamiento de alta seguridad en las celdas destinadas al resguardo de internos permitirá apegarse a lo señalado en el artículo 18 de la Constitución, relativo a los derechos humanos (de los internos).

El PPI de ampliación de instalaciones del Altiplano contempla la modernización en las áreas administrativa, técnicas y complementarias.

Se busca ampliar 12 mil metros cuadrados y ofrecer servicios e instalaciones para el “óptimo desenvolvimiento de las actividades y acciones que desarrollan los internos de baja, mediana y alta peligrosidad, para lograr la reinserción efectiva”.

Para estos objetivos, la CNS solicitó a la Secretaría de Hacienda 962 millones 665 mil 715 pesos.

“El proyecto de inversión facilitaría que el sistema penitenciario federal tenga óptimas condiciones de operación, pues el inmueble y sus instalaciones datan de hace más de dos décadas de operación continua (…) está funcionando pero con deficiencias en sus áreas (…) ocasionando una operación que no llega al 100 por ciento de efectividad, motivando una infraestructura insuficiente, causando la inadecuada clasificación criminológica (…)”.

El documento resaltó que se busca mejorar las condiciones de gobernabilidad, lo que permitirá “subsanar las deficiencias en el respeto al debido proceso en la imposición de sanciones (…) fortalecer la profesionalización del personal de seguridad y custodia.

“Se tiene contemplado ‘disminuir el autogobierno’, las actividades ilícitas, la extorsión y los sobornos que pudieran existir, y se orientarán mejor los esfuerzos al combate al intento de ingreso de objetos y sustancias prohibidas”.

En el caso de Puente Grande, se pidió un presupuesto de 945 millones 150 mil 110 pesos para la ampliación y “modernización” de estas instalaciones, “a efecto de que sean utilizadas conforme a su población”.

El proyecto comprende un periodo de inversión de dos años, “iniciando en 2016 hasta 2017, con una vida útil de activos de 20 años, entre 2016 y 2037, mediante una inversión financiada por recursos fiscales”.

La CNS indicó que la falta de infraestructura suficiente, específicamente la destinada para atender delitos del fuero federal, ha propiciado el replanteamiento de la vinculación del sistema penitenciario con la seguridad pública.

“El proyecto no genera beneficios económicos, sino de carácter social, que incidirán sobre la población en general, porque permitirán la reinserción de quienes estuvieron internos”, justificó la CNS a través del OADPRS.

 
 

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