La Policiaca – La Nota Roja De Mexico

Preocupa sobrepoblación en cárceles a la ONU-DH

Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos, afirmó que actualmente en muchos centros penitenciarios del país se observan preocupantes condiciones de hacinamiento y una organización interna que no distingue entre personas procesadas y sentenciadas.

Al cumplirse un nuevo aniversario de las reglas adoptadas por Naciones Unidas para el tratamiento de las personas privadas de la libertad, recientemente renovadas mediante la adopción de las Reglas de Nelson Mandela, la ONU-DH recibió con beneplácito la reciente emisión de la Ley Nacional de Ejecución Penal y llamó a las autoridades del país para lograr su pronta y eficaz implementación.

La ley de ejecución penal, señaló, es una norma de avanzada para la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y un importante paso en esta materia que se enmarca en las transformaciones que México ha experimentado en sus sistemas de justicia penal y de garantías individuales.

Entre otros aspectos de la nueva ley, destaca la recuperación de los más altos estándares internacionales sobre condiciones de detención, el reconocimiento de las personas privadas de la libertad como titulares de derechos, el enfoque diferenciado en su tratamiento, la creación de procedimientos administrativos y judiciales para la exigibilidad de sus derechos, y el control de la ejecución penal a través de juzgados especializados que respondan a los principios de independencia e imparcialidad.

Jan Jarab subrayó que “las personas privadas de la libertad debe ser tratadas con pleno respeto a su dignidad”.

Las personas “en situación de cárcel son privadas de algunos de sus derechos, pero deben conservar otros e incluso adquirir derechos propios en ese contexto”.

Por eso, destacó que “la efectiva implementación de la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal constituirá un eslabón fundamental para favorecer el mejoramiento de las condiciones de vida en las prisiones, en beneficio de las poblaciones carcelarias y de la sociedad en su conjunto, pues contar con prisiones en las que impere la ley es una forma eficaz de revertir la violencia y el delito”.

El 26 de abril, el pleno del Senado aprobó el proyecto de decreto por el que se expide la ley de ejecución penal, que tiene como objetivo reestructurar el sistema penitenciario con base en la reinserción social, el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte.

La autoridad penitenciaria contará con un plazo de cuatro años (en lugar de dos), a partir de la publicación del decreto, para capacitar, adecuar las cárceles y su capacidad instalada, equipar, desarrollar tecnologías de la información y comunicaciones, así como adecuar su estructura.

 
 

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