La Policiaca – La Nota Roja De Mexico

PVEM: IP es parte de la corrupción; incluyen a empresarios en la ley 3de3

CIUDAD DE MÉXICO.

El Senado incluyó a los empresarios en la declaración Tres de Tres, porque “si el sector del Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex no están dispuestos a darse cuenta que son parte del problema, nosotros se los vamos a recordar”, advirtió el presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero, quien, junto con el líder priista Emilio Gamboa, desmintieron que se hayan desvirtuado las nuevas leyes.

En conferencia de prensa, respaldado por su líder parlamentario del Partido Verde, Carlos Puente, y el coordinador de todos los senadores del PRI, Emilio Gamboa, el senador Pablo Escudero dijo que Juan Pardinas miente al acusar que el paquete anticorrupción nació corto y exigió que explique públicamente por qué él descalifica el trabajo del Senado, mientras diversos especialistas, como Mauricio Merino y María Amparo Casar, los felicitan.

“”Desde aquí le exigimos a Juan Pardiñas que deje de mentir y que deje de malinformar. Ahí están los documentos que respaldan la actuación responsable de los senadores del PRI y de los senadores del Verde, cumpliendo a los ciudadanos”, dijo.

Consideró que estas posiciones tan distantes entre las organizaciones que presentaron la llamada Iniciativa Tres de Tres, muestran que “el grupo de ciudadanos está fracturado, me parece que ya no concuerdan entre ellos”.

Interrogado sobre si en verdad el PRI y el Verde están dispuestos a que el Comité Ciudadano que integrará el Sistema Nacional Anticorrupción desnude toda la riqueza de los políticos, respondió que sí, que si así lo deciden los ciudadanos, los políticos del PRI y el Verde están dispuestos a mostrar su patrimonio.

Respecto a los empresarios, recordó que la corrupción “no es un problema exclusivo de los servidores públicos. Para que haya corrupción tiene que estar la otra parte, y ellos tienen que comprometerse también. Por eso, desde antes de que se presentara la reserva, ya teníamos un capítulo para sancionar también a las personas físicas o morales que contraten con el gobierno”.

Por unanimidad, el pleno aprobó la madrugada de ayer que ni los candidatos a puestos de elección popular ni ningún empresario o particular que tenga contratos con el sector público estarán exentos de revelar su patrimonio y someterse a las reglas que evitarán el tráfico de influencias.

Incluye también que estarán obligados a presentar las declaraciones patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal, al igual que los servidores públicos, todas las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de la Federación, de las entidades federativas y los municipios.

Dispuso que los empresarios presentarán las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses ante el ente público que lo haya contratado.

Los integrantes del sector privado deberán presentar una declaración inicial, dentro de los 60 días naturales siguientes a la celebración del instrumento jurídico que corresponda con el ente público que se trate; declaración de modificación patrimonial y declaración de conclusión,

Y añade al concepto de Faltas de Particulares en Situación Especial que “el particular que estando obligado a presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses omita presentar dichas declaraciones dentro del plazo previsto o falte a la veracidad, con el fin de ocultar el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable, o un conflicto de interés”.

Denominado De los Actos de Particulares en Situación Especial, la nueva Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos tiene una innovación:

“”Se considerarán actos de particulares en situación especial vinculados con faltas administrativas graves, aquellos realizados por candidatos electorales, miembros de equipos de campaña electoral o de transición entre administraciones del sector público y líderes de sindicatos del sector público, que impliquen exigir, solicitar, aceptar, recibir o pretender recibir alguno de los beneficios a que se refiere el artículo 52 de esta Ley, ya sea para sí, para su campaña electoral o para alguna de las personas a las que se refiere el citado artículo, a cambio de otorgar u ofrecer una ventaja indebida en el futuro en caso de obtener el carácter de servidor público”, dice.

LA PROPUESTA DE LEY, ANTES Y DESPUÉS

REDACCIÓN ORIGINAL

DE LOS INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

artículo 92. Las autoridades encargadas de aplicar e interpretar el presente ordenamiento, en los términos del artículo 6, llevarán un sistema público de registro y seguimiento tanto de la declaración de intereses como de la patrimonial de los sujetos obligados.

La declaración de intereses tendrá por objeto informar y determinar el conjunto de intereses de un servidor público a fin de delimitar cuándo éstos entran en conflicto con su función. Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público o sujeto obligado puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión.

La declaración patrimonial documentará la integración del patrimonio del sujeto obligado, así como su evolución. Para tales efectos serán presentadas declaraciones de inicio y de conclusión del cargo público, así como declaraciones de modificación patrimonial.

TEXTO APROBADO

artículo 92. Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.

Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes.

NOTA. La Constitución, en la fracción II del artículo sexto dice: La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijan las leyes.

La minuta de la ley de datos personales, que todavía no aprueban los diputados, dice que los datos personales que deben resguardarse son nombres, correos electrónicos, direcciones, nombres de hijos, origen racial o étnico; estado de salud, información genética, creencias religiosas y morales, opiniones políticas y preferencias sexuales.

Se debilitó la iniciativa, acusa Transparencia

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, acusó que al aprobar el Senado la Ley General de Responsabilidad de los Servidores Públicos, con candados como el mantener la secrecía de bienes e intereses de los burócratas, legisladores y candidatos, en caso de que “su publicación ponga en riesgo su vida privada”, los senadores debilitaron la iniciativa ciudadana avalada por 634 mil firmas.

Terminaron, afirmó, “entregando al Comité de Participación Ciudadana la definición del formato de sus declaraciones públicas, pero con un par de candados, poniendo una advertencia sobre privacía y datos personales”, acusó.

Con ello, dijo Bohórquez, en entrevista con Martín Espinosa para Grupo Imagen Multimedia, “la postura del PRI y Verde en el tema anticorrupción sigue siendo el de negarle a la sociedad una victoria amplia y clara”.

Aunque reconoció que “se avanzó mucho durante todo el proceso, en el último minuto están tratando de negarle una victoria a la sociedad civil”.

“”La verdad es que es una situación compleja, porque sí le dan la facultad a los ciudadanos para redactar los formatos y agotaron todas las peticiones que hicieron 634 mil ciudadanos, incluida la obligación a los políticos de presentar sus tres declaraciones. Pero ponen acento entre privacía y datos personales, lo que le niega a la sociedad el haberse llevado todo”, insistió.

Por su parte, en entrevista, el senador perredista Armando Ríos Piter dijo que el PRI y el PVEM “con 59 votos nos ganaron, ahí se resume quiénes están a favor y quiénes en contra del combate a la corrupción”.

PT evitó hacer ley el formato 3de3

No quiso participar en la votación de la iniciativa ciudadana, al igual que otros legisladores del PAN y del PRD.

A pesar de que estaban presentes en el salón de plenos, los senadores del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, quienes desde septiembre pasado se declararon representantes de Andrés Manuel López Obrador, decidieron no votar y con eso evitaron que el formato único de declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses se llevara a nivel de ley, como propusieron el PAN y el PRD.

Aunque el PRI y el Partido Verde no tenían la mayoría de los votos en la sesión de la madrugada de este miércoles, el no voto de los siete petistas, de tres perredistas y de cuatro panistas evitó que perdieran la votación y evitó la introducción del formato que impulsaban los panistas y perredistas, para que desde su perspectiva se cumpliera mejor con la llamada Iniciativa 3de3, que en su origen no incluye formato alguno.

La ley aprobada la madrugada de este miércoles establece que la publicidad de las declaraciones patrimonial y de conflicto de intereses sólo tendrá la restricción de la protección de los datos personales, que están protegidos por la Constitución.

En tanto, la declaración fiscal sólo será obligatoria para los burócratas que ya son obligados por el SAT a presentarla, porque son quienes más dinero ganan; pero no será pública, porque la constitución y la ley establecen el secreto fiscal para todos los mexicanos; sin embargo, estarán disponibles a las autoridades cuando se detecten visos de enriquecimiento inexplicable de algún servidor público.

El texto original de la Iniciativa 3de3, que se puede consultar en la página web de la Comisión Anticorrupción del Senado, plantea que “las autoridades encargadas de aplicar e interpretar el presente ordenamiento, en los términos del artículo 6, llevarán un sistema público de registro y seguimiento tanto de la declaración de intereses como de la declaración patrimonial de los sujetos obligados”; es decir, de origen sólo pide la publicidad de bienes patrimoniales y de intereses.

Pero los panistas y los perredistas quisieron llevar a ley el formato con la información que debe hacerse pública en esas declaraciones, e incluso anunciaron la formación de un bloque que iba a ganar las votaciones al PRI-Verde.

La realidad fue distinta. La bancada del Partido del Trabajo, integrada por Manuel Bartlett, Layda Sansores, Martha Palafox, Marco Antonio Blásquez, Héctor Menchaca y Manuel Merino decidió no votar y ayer en conferencia de prensa aclararon que no lo hicieron porque consideran que la ley es una simulación, que actuaron por congruencia y rechazaron ser comparsa del PRI; “nuestros votos no hacían la diferencia”.

Luz María Beristáin, Alejandra Roldán y Benjamín Robles, del PRD, tampoco votaron. El PRD dijo que Robles estaba enfermo.

Por el PAN no votaron Adriana Dávila, Héctor Larios, José María Martínez y Jorge Luis Preciado. Larios informó que se retiró por un asunto personal, pero admite que fue un error. José María Martínez dijo que ni siquiera fue al Senado porque está enfermo; Adriana Dávila presentó un comprobante médico por problemas en el sistema circulatorio.

 
 

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