La Policiaca – La Nota Roja De Mexico

Rubén Moreira entregó Coahuila al crimen organizado: Isabel Arvide

México, DF. Para Isabel Arvide, la entrega de Coahuila a Los Zetas es responsabilidad de Humberto Torres Charles, hermano del ex jefe de la policía estatal, y del actual gobernador Rubén Moreira Valdés, quienes -asegura- se impusieron al ex gobernador Humberto Moreira Valdés.

La autora del libro Mis Generales, coordinadora del programa Modelo Coahuila, basado en el trabajo de 16 militares de alto rango para combatir la violencia en esa entidad del noreste del país, afirma que en el quinto año de gobierno del ex mandatario y ex líder nacional del PRI -entre 2009 y 2010- denunció diversos actos de corrupción de Torres Charles.

En ese entonces, recuerda, Humberto Moreira prometió despedir al funcionario, pero al final “se impuso la decisión de su hermano”, el actual gobernador de esa entidad, Rubén Moreira.

Estas decisiones permitieron, en opinión de la escritora, que Los Zetas se quedarán con el control de Coahuila.

En entrevista, Arvide sostiene que el fracaso del proyecto Modelo Coahuila se debió a que en los últimos años el gobierno de Coahuila ha privilegiado la política por encima del esquema de seguridad.

Insiste que el fortalecimiento de Los Zetas en esa entidad se debió a la imposición de decisiones de Rubén Moreira, quien “colocó” a Jesús Torres Charles como Fiscal y éste puso a su hermano Humberto en una dirección de la Secretaría de Salud.

Esta última persona, asevera, entregó Coahuila a Los Zetas y permitió a Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, establecerse sin problemas en esa entidad.

Red de corrupción

En entrevista con 24 HORAS, realizada en su domicilio, la periodista decana de la fuente militar, habla sin tapujos de la violencia ligada al narcotráfico en ese estado. Considera que el asesinato de José Eduardo Moreira Rodríguez está relacionado con compromisos al interior del PRI.

Explica que se le permitió a Rodolfo Castillo Morales permanecer como subdirector de Seguridad Pública municipal de Ciudad Acuña, por ser esposo de una lideresa de colonias del PRI en esa localidad, a pesar de que se había comprobado que se trataba de un policía corrupto, que no había acreditado los controles de confianza.

Por ello, considera que de no haberse ponderado una decisión política, José Eduardo, hijo de Humberto Moreira, no hubiera sido asesinado de esa manera.

Arvide, quien ahora se desempeña como asesora de Seguridad del gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, presume que con el Modelo Coahuila, se logró abatir el índice de violencia y de criminalidad en ese estado.

Incluso, dice, fue a partir de ese programa que se realizaron pruebas de confianza y se despidió a policías estatales y municipales, mismos que lograron regresar a sus puestos con la llegada del gobernador interino Jorge Torres López.

Al abundar sobre el papel de Torres Charles en la descomposición violenta de esa entidad, subraya que este pertenecía a un grupo de abogados y tenía a compadres y amigos como Ministerios Públicos y comandantes policiacos.

Las omisiones

Denuncia que a pesar de las alertas del general de la XI Zona Militar, general Marco Antonio González Barreda, sobre los actos de corrupción del hermano del entonces fiscal estatal, nunca atendió las cinco peticiones de despedirlo.

La escritora asevera que el mayor problema para atender las cuestiones de inseguridad en Coahuila se registra cuando se mezcla la política en cuestiones de seguridad.

“Se descompone en todo el país, hay dos batallas en seguridad que deberían entender el presidente y los gobernadores: nada va a cambiar en el país si hay una mezcla entre la razón política y la razón de seguridad”.

Acusa que los gobernadores no quieren destinar dinero del presupuesto a la seguridad “porque la seguridad no se inaugura, no se rompe un listón, no sales en las primeras páginas de sociales, no te da los mismos reflectores. Pregúntale a Rodrigo Medina si puede tener un futuro político, con el desastre que tiene en Nuevo León”.

Arvide también cuestiona la estrategia del presidente Felipe Calderón en el combate al narcotráfico, al decir que un gran problema de las fuerzas armadas es que se les utilizó como si fuera una batalla de golpe y no con una estrategia para hacer investigación y prevención.

“Apenas en el quinto año de este sexenio, principios del sexto, se modernizó el área de investigación de la seguridad nacional y, aun así, no tiene nada que ver con los maravillosos cuartos de guerra que tiene el secretario (de Seguridad Pública), García Luna”.

Considera que ha fallado la investigación en este sexenio porque la Marina no comparte su información con el Ejército, ni éste la suya con la Policía Federal, quien tampoco lo hace con la ahora Policía Federal Ministerial, ni ésta con la policía estatal y con la municipal, por lo cual no pueden haber avances para lograr detenciones más sólidas y por ello recurren a la figura del arraigo,.

Las traiciones en la milicia

La especialista en temas relacionados con el Ejército retrata las historias de algunos generales, como Enrique Cervantes Aguirre, quien sostiene traicionó a su compadre Francisco Humberto Quirós Hermosillo o a Jesús Gutiérrez Rebollo.

Dice estar convencida que los señalamientos contra el ex subsecretario de la Defensa, Tomás Ángeles Dahuahare, están sustentados.

“Seguramente ya tenía un expediente muy bien armado, para que el presidente Felipe Calderón, que lo había contemplado como una de sus cartas para titular de la Sedena, aceptara quitarlo”.

En este sentido, apuntó que al interior de la Sedena hay muchos que consideran que este general “tenía relaciones con gente que no debía”.

También aseguró que fue Ángeles Dahuahare quien tejió todas las intrigas contra el secretario de la Defensa, Guillermo Galván.

Respecto al general Ricardo Escorcia, Arvide apunta que desde antes de su detención ya era un secreto a voces que tenía actividades ilícitas.

Isabel Arvide, quien ha tenido relación directa, de amistad y en algunas ocasiones amorosa, con los principales generales del país, en los últimos años, sostiene que el designar a un general no es garantía de que vaya a desempeñar bien su cargo, como secretario de Seguridad Pública estatal, municipal o como director de una policía.

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